La entrada en vigor el próximo mes de abril de las obligaciones del artículo 6 de la Ley 1/2025 de prevención del desperdicio alimentario implica, para muchas empresas, la inminente obligación de elaborar un Plan de prevención, aplicar la jerarquía de prioridades y llegar a acuerdos de donación de excedentes.

Plan de prevención del desperdicio alimentario

Aunque la Ley 1/2025, de 1 de abril, de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario entró en vigor con carácter general en enero de 2025, las obligaciones establecidas en su artículo 6 se aplicarán a partir del próximo 3 de abril de 2026.

Más allá del cumplimiento de la legislación, la elaboración de un Plan de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario conforme a la Ley 1/2025 es una oportunidad estratégica para cualquier empresa del sector alimentario, ya que reducir el desperdicio mejora el margen directo de la empresa. No se trata sólo de cumplir con la normativa, sino de incorporar una cultura de eficiencia, sostenibilidad y mejora continua que aporta valor económico, social y medioambiental.

¿Qué cambia? 

A partir del 3 de abril 2026, y dependiendo de su tamaño, las empresas deberán tener implementadas ciertas medidas:

• Un Plan de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario debidamente implementado y actualizado
• Medidas para aplicar la jerarquía de prioridades que establece la Ley
• Acuerdos de donación para los excedentes.

¿Qué empresas están obligadas?

Las excepciones a la aplicación de estas obligaciones son:

• Las microempresas: empresas con menos de 10 personas ocupadas y un volumen de negocios anual/balance general anual no superior a 2 millones de euros
• Las actividades de transformación, comercio minorista, distribución alimentaria, hostelería o restauración desarrolladas en establecimientos menores de 1.300 m2. ​

En este segundo punto, la superficie a tener en cuenta en los establecimientos es la siguiente:

• Empresas de catering: superficie de la cocina, o bien de todos los establecimientos de cocina que operen bajo el mismo código de identificación fiscal.
• Cocinas industriales: se toma como referencia la superficie total de la cocina.
• Comedores colectivos (por ejemplo, de empresa o escolares): se considera la superficie comercial del área de restauración.
• Residencias y hospitales: dado que no existe área de restauración y la comida se sirve en habitaciones o dependencias, la superficie aplicable es la de la cocina.
• Mercados con casillas o puestos de venta: la superficie a computar es la del puesto individual, asociada al CIF de cada operador.
• Hoteles: la superficie para tener en cuenta es la superficie comercial del área de restauración, es decir, los metros cuadrados de la zona donde se ofrecerá comida.

El Plan de Prevención

El Plan de prevención es un sistema de gestión desarrollado de acuerdo a las características de la empresa, que estructura medidas concretas para poder identificar, medir, prevenir y gestionar de manera óptima el desperdicio y las pérdidas de alimentos. Sin olvidar medidas para garantizar la trazabilidad total de los residuos generados y la transparencia en el reporte de datos.

Para los profesionales del sector esto se traduce en cambios operativos en el día a día. Por ejemplo, puede ser necesario el rediseño de procesos de compras y gestión de stocks para minimizar los excedentes, aprender a gestionar los subproductos según la normativa o implementar un sistema de digitalización y trazabilidad de los residuos generados.

La formación como clave para el cambio

Cualquier empresa del sector alimentario, independientemente de que no esté obligada, puede aplicar un Plan de prevención para reducir el desperdicio alimentario, optimizar la gestión de recursos y ahorrar costes. 

La formación y la sensibilización es clave para prevenir el desperdicio de los alimentos. Responsables y personal de sala y cocina, supervisores de calidad y cualquier profesional del sector de la restauración puede contribuir a ello mediante buenas prácticas. 

Por otra parte, la complejidad técnica de la nueva ley exige una actualización de las competencias del personal técnico para saber cómo integrarla en el APPCC y en los sistemas de gestión de calidad existentes.

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