El desperdicio alimentario y la prevención de la pérdida de alimentos quedarán regulados en España con una ley, cuyo proyecto ya ha sido aprobado por el Consejo de Ministros. Con el objetivo de reducir drásticamente el desecho de alimentos, la ley pretende establecer un modelo de buenas prácticas para evitar el desperdicio de alimentos con actuaciones en toda la cadena alimentaria, desde el origen en el propio proceso de cosecha, hasta los hábitos de consumo en los hogares y en la restauración.

El desperdicio alimentario tiene reconocidos efectos negativos sustanciales; desde el punto de vista medioambiental, social y económico. Lo que no está tan claro es la verdadera magnitud de este problema, por falta de información y de metodologias armonizadas entre países. Con el ODS 12.3 en vista, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) ha desarrollado una metodología para que los países puedan medir su desperdicio de alimentos a nivel doméstico, de los servicios de alimentos y de los minoristas, para poder hacer un seguimiento de su progreso hacia el objetivo de reducirlo a la mitad para 2030.