El periódico Levante publicaba en su edición del pasado 24 de febrero la noticia de que la Fiscalía solicita penas de un año y medio de prisión para dos personas acusadas de un presunto delito contra la seguridad colectiva.

Los dos acusados son directivos de una empresa ya cerrada que estaba ubicada en la localidad alicantina de Alcoy y donde se detectó la bacteria de la legionella después de una inspección que dio como resultado la constatación del incumplimiento de las condiciones de refrigeración adecuadas. A partir de este hecho, la Conselleria de Sanidad de la Generalitat Valenciana interpuso una denuncia en el juzgado.

Pese a que en Alcoy se desarrolló en 2005, año en que ocurrieron los hechos relatados, un brote de legionelosis que afectó a 17 personas, en la denuncia no se vincula a la empresa con ello. Eso no quiere decir que no hubiera relación (tampoco que sí la hubiera), sino simplemente que este extremo no será tenido en cuenta en el juicio (a celebrar previsiblemente en mayo) sino unicamente el hecho de tener las instalaciones en mal estado.